El intendente Walter Cortés firmó la resolución 249/25, en la que declaró lesiva al interés público la contratación directa con la empresa OPS SACI y ordenó a la Asesoría Letrada iniciar acciones judiciales para solicitar su nulidad.

La medida responde a presuntas irregularidades en los contratos de alquiler de maquinaria sin chofer, firmados durante la gestión del exintendente Gustavo Gennuso. Mientras tanto, la empresa reclama el pago de más de 15 millones de dólares por supuestos incumplimientos.

Argumenta OPS que el municipio incumplió sus obligaciones contractuales. Dice que la deuda corresponde al alquiler de equipos entre febrero de 2019 y octubre de 2022, además de costos adicionales por maquinaria entregada en mal estado y cánones locativos de equipos inutilizables.

Sin embargo, la administración actual sostiene que los contratos presentan “vicios graves de legitimidad” y carecen de justificación adecuada. Un informe del Tribunal de Contralor y un dictamen de la Asesoría Letrada señalaron que la contratación directa con OPS incumplió normas de contratación municipal y vulneró la Ley de Concursos y Quiebras.

De acuerdo con la resolución firmada por Cortés, la contratación con OPS se basó en una autorización judicial genérica emitida por un juez de quiebras, sin que existiera una urgencia que justificara la omisión de un proceso licitatorio. Además, no se realizaron análisis comparativos de costos ni se documentaron alternativas de proveedores.

Otra de las observaciones detectadas es que, una vez habilitada la primera contratación, se repitieron nuevos acuerdos con la misma empresa bajo el mismo mecanismo, sin mayor respaldo administrativo ni control sobre los costos. Estas irregularidades llevaron al Tribunal de Contralor a recomendar la nulidad de los contratos y a sugerir que se inicie una acción judicial, algo que ahora el Ejecutivo municipal ha decidido ejecutar.

El objetivo del municipio es lograr la anulación de los actos administrativos que permitieron la contratación con OPS, ya que estos adquirieron estabilidad y no pueden ser revocados solo por vía administrativa. En este contexto, la resolución del caso tendrá un impacto clave en las finanzas municipales, ya que la exigencia de pago de la empresa representa una cifra millonaria que podría afectar seriamente los recursos de la ciudad.