
El intendente de Bariloche Walter Cortés presentó un proyecto de Ordenanza que posiblemente sea tratado mañana por el Concejo Deliberante en el que se propone derogar las licencias gremiales, por estudio y por actividades deportivas.
La ordenanza también indica que, una vez aprobada y promulgada, la legislación a aplicar para los empleados municipales sea la establecida en la Ley provincial N° 811 que precisamente estableció el Estatuto y Escalafón para los Obreros y Empleados de las Municipalidades de la Provincia de Río Negro. En los fundamentos, Cortés señala que esa adhesión permitirá “unificar criterios” con otros municipios de la provincia.
Sobre las licencias gremiales, dijo que cargar la obligación del pago de sueldos sobre el municipio a agentes que dejan de prestar funciones “en dependencia del Estado local” se contrapone con lo previsto en la ley de asociaciones sindicales 23.551 y “se aparta de los principios de responsabilidad en la ejecución del gasto público”.
Señala que el pago de sueldos debe destinarse a quienes “estén directa y exclusivamente vinculados a la prestación de funciones en el ámbito de la administración”.
Recordó que el Estatuto prevé un régimen de financiamiento sindical mediante contribuciones obligatorias que realizan todos los trabajadores y que “estos aportes tienen como finalidad el sostenimiento económico de la organización sindical”, incluido el pago del personal “liberado” por el municipio para ejercer funciones sindicales.
En resumen, Cortés defiende el criterio de “suprimir el régimen actual de licencias gremiales con goce de haberes”, para reemplazarlo por otro en el que “el costo salarial del personal de licencia sindical sea asumido por la propia entidad gremial”.
Cortés intentó imponer esta medida de hecho y la justicia laboral falló en contra de la medida en el entendimiento que “el gobierno debió agotar antes la vía administrativa y que los derechos a las licencias pagas constan expresamente en el Estatuto del Trabajador Municipal”.
Ahora el intendente de Bariloche pretende tomar la medida con otras instancias administrativas como lo es la sanción de una ordenanza que derogue anteriores y disponga los cambios requeridos.