En un documento firmado por intendentes, legisladores, diputados y senadores de Fuerza Patria de Río Negro se expresó preocupación frente a la persistencia de la causa judicial Techo Digno.

Manifiestan que se trata de un expediente que lleva más de una década abierto sin resultados concretos y que se ha transformado en un símbolo del mal desempeño, la parcialidad y el abuso de un sector del Poder Judicial provincial.

Lejos de constituir un proceso orientado a la búsqueda de verdad o justicia, esta causa se ha convertido en una herramienta de presión y disciplinamiento, llevada adelante por el Ministerio Publico Fiscal en connivencia con el poder político, dejando seriamente cuestionada la independencia judicial. La prolongación irrazonable de los tiempos procesales, la construcción de imputaciones genéricas y la incorporación sistemática de nuevos acusados año tras año —provenientes de distintos partidos, en diferentes periodos de tiempo y en diferentes ciudades— configuran un mecanismo de hostigamiento que vulnera derechos y garantías constitucionales básicas de nuestra democracia.

Resulta evidente que no se trata de esclarecer hechos sino de instalar sospechas permanentes y definir, desde el poder, quiénes pueden convertirse en adversarios políticos e incluso dirimir conflictos internos dentro del propio esquema gubernamental. La judicialización selectiva de la política no es justicia: es persecución. 

Este accionar erosiona la credibilidad institucional y naturaliza una peligrosa confusión entre poder político y poder judicial. Cuando la Justicia deja de ser un poder independiente para transformarse en una herramienta del Ejecutivo de turno, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales.

Este mecanismo daña profundamente a las personas involucradas, decenas de ex y actuales intendentes de diferentes signos partidarios, funcionarios, dirigentes y empresarios permanecen bajo una permanente espada de Damocles, expuestos al escarnio público y sometidos a una incertidumbre constante que impacta en su vida política, personal y familiar, con consecuencias incluso sobre su salud.

Este escenario se agrava frente a una ciudadanía que observa con creciente desconfianza a un sistema judicial que exhibe privilegios inadmisibles —salarios desproporcionados, beneficios impositivos y extensos períodos de receso— mientras demuestra una alarmante ineficiencia para abordar los problemas reales de seguridad y delito que afectan a la población. La sensación de impunidad frente al crimen cotidiano convive, paradójicamente, con una estructura judicial que dirige su energía a sostener procesos interminables contra la dirigencia política.

Para que Río Negro vuelva al sendero del crecimiento y el desarrollo, es imprescindible reformular de raíz su estructura institucional. La justicia es una de las instituciones que deben ser transformadas profundamente, en beneficio de la ciudadanía. Necesitamos una justicia creíble, que recupere la confianza social, que deje de arrodillarse ante los poderosos y de castigar a quienes trabajan y sostienen la provincia todos los días. Así lo propuso, quien fuera nuestro gobernador Carlos “el Gringo” Soria, cuando con valentía y claridad denunciaba la corrupción del Poder Judicial rionegrino y anunciaba las reformas necesarias para revertirla. Ese sueño fue truncado, pero que quede claro: no se terminó ni se terminará.